Después de Peña

John M. Ackerman

Si México tuviera un régimen parlamentario, Enrique Peña Nieto no regresaría de China. La comprobada ineptitud de su gobierno, así como la enorme desconfianza social en su persona a raíz de la masacre de Iguala obligaría al parlamento a emitir una moción de censura para destituirlo a él y a todo su gabinete, así como llamar a nuevas elecciones federales. Con motivo de faltas mucho menores a las del actual presidente mexicano, el primer gobierno de Stephen Harper, en Canadá, fue disuelto en 2011 y los mandatos de Gerhard Schroeder, en Alemania, y de Romano Prodi, en Italia, fueron recortados en 2005 y 2008. En un sistema democrático, simplemente no tiene sentido que el titular del gobierno federal se mantenga en su puesto si no cuenta con el apoyo de la población, ya que ello genera una situación de extrema ingobernabilidad.

En los sistemas presidenciales como el mexicano, el procedimiento para el relevo anticipado del titular del Poder Ejecutivo es más complicado, pero no por ello menos necesario. En 1992, a raíz de graves acusaciones de corrupción en su contra, Fernando Collor de Mello renunció como presidente de Brasil. En 1997, el Congreso Nacional de Ecuador destituyó a Abdalá Bucaram por su demostrada incapacidad mental. En 2001, Fernando de la Rúa abandonó su cargo de presidente de Argentina en medio de una importante crisis económica y social. Los incompetentes presidentes bolivianos Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa también fueron obligados a renunciar en 2003 y 2005. Y en 2000, después de meses de protestas contra la corrupción de su gobierno, Alberto Fujimori renunció a la presidencia de Perú durante un viaje a Japón. Peña haría un gran favor a la patria si siguiera el ejemplo de Fujimori ahora durante su propio viaje a Asia.

Si la masacre de Iguala fue la gota de derramó el vaso de la indignación ciudadana, la conferencia de prensa de Jesús Murillo Karam el viernes pasado fue el colmo del cinismo gubernamental. Para empezar, es importante aclarar que el procurador general de la República técnicamente no informó absolutamente nada. Solamente compartió algunas hipótesis que surgen de las confesiones videograbadas de tres señores conocidos como El Pato, El Jona y El Chereje preparadas especialmente para su transmisión televisiva en horario estelar. La gran confianza del desacreditado y cansado procurador en la palabra de tres presuntos narcotraficantes, dispuestos a decir cualquier cosa con tal de evitar ser torturados y conseguir su libertad, constituye un excelente botón de muestra del estado de descomposición de la desollada e incinerada justicia mexicana.

Todos conocemos muy bien la gran capacidad de los agentes ministeriales para fabricar culpables y proteger a los poderosos. La teatral detención de José Luis Abarca y su esposa recuerda el espectáculo de la detención de Florence Cassez en 2005. Y nunca hay que olvidar los tres meses en que la PGR vergonzosamente escondió la verdad sobre la masacre de Tlatlaya. Asimismo, apenas se dio a conocer que la PGR indujo a un líder del cártel del Golfo a inventar cargos contra dos policías ministeriales, al parecer con la intención de proteger a otras autoridades corruptas.

¿A quién protege Murillo Karam en el caso de Ayotzinapa? Ofrece algunos indicios su respuesta a los cuestionamientos sobre el extraño comportamiento del 27 batallón de infantería, con sede en Iguala, durante las tres horas que duró el ataque y las 12 horas que se habría tardado la incineración de los cuerpos. En lugar de anunciar una investigación de la evidente complicidad del Ejército con la masacre, el procurador celebró la inacción de las fuerzas federales: ¿Qué habría pasado si el Ejército hubiera salido? ¿A quién habría apoyado? Obviamente a la autoridad.¡Qué bueno que no salió!

En otras palabras, bajo el mando de Peña como comandante en jefe de las fuerzas armadas, el Ejército obedece ciegamente las órdenes del crimen organizado en municipios infiltrados por el narcotráfico. Se confirma entonces la hipótesis con respecto al contraste entre la situación colombiana y la mexicana. Mientras allá existiría una alianza entre el narcotráfico y la guerrilla, aquí el crimen organizado se encuentra firmemente al lado de la autoridad. La sociedad mexicana se encuentra en el más absoluto estado de desprotección y de vulnerabilidad.

Las típicas estrategias de fortalecimiento institucional, promovidas por los expertos en seguridad pública y los asesores del gobierno de Estados Unidos, solamente agravan el problema entonces. Otorgar mejor armamento y más capacitación a cuerpos de seguridad al servicio de bandas de asesinos vestidos de policías implica aumentar la fuerza del narcoestado.

El problema central no es de debilidad, sino de parcialidad institucional. La única forma para corregir el rumbo sería lograr que las fuerzas militares y las otras fuerzas de seguridad se coloquen bajo el mando de la sociedad en lugar de los criminales. Es decir, hace falta finalmente alcanzar un régimen democrático donde las autoridades en los tres ámbitos de gobierno (municipal, estatal y federal) respondan y rindan cuentas al pueblo.

La buena noticia es que tarde o temprano Peña tendrá que abandonar Los Pinos. Por el bien del país, hagamos votos para que se suspenda su mandato antes de los seis años previstos. México difícilmente aguantará cuatro años más del mismo naufragio. Mientras, urge consolidar las redes de solidaridad, organización y acción conjunta necesarias para asegurar que los próximos relevos federales no nos lleven a algo peor, sino que sirvan para finalmente transformar radicalmente la política nacional.