viernes, octubre 01, 2010

El futbol, como el país, necesita orden

Martha Anaya

El escándalo de la fiesta de los futbolistas, las reacciones de los jugadores, la actitud de los directivos y todo lo que se ha dicho al respecto, llegó hasta el Senado de la República.

Fue ni más ni menos que el Presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, quien habló sobre el tema durante la conferencia de ayer:

Es muy importante, dijo, que para que las cosas funcionen en el país, las ordenemos de nuevo y evitemos tanta dispersión, tanta simulación, tantos problemas como los que estamos viviendo.

Y esto, agregó, no creo que excluya –incluso en México– hasta al futbol, en donde es necesario poner orden. No se puede triunfar si no hay disciplina de por medio, talento implícito en cada una de las acciones que se lleven a cabo; se requiere mucha perseverancia.

Pero, si queremos –así como en la vida nacional– que las cosas funcionen, también en el deporte y en específico en el fútbol, nos hace falta –así como al país– ponerle “el ingrediente del diez”, también ponerle el diez al fútbol. Este jugador invisible que pone orden también en el equipo, que los hace funcionar armónicamente y con mayores posibilidades de éxito.

“El fútbol, como el país, necesita mucho de orden”, subrayó Beltrones.

-Pero no está hablando de la fiesta de la Selección Nacional-, le insistieron al priista.

-Hay que poner orden –se mantuvo en lo dicho, sin hacer mayores juicios– sobre todo en estos aspectos que no le permiten al fútbol y a nuestra Selección tampoco, actuar como triunfadores. Hay mucha dispersión en el objetivo. Así sucede también a nivel nacional.

-¿A quién habría que ponerle atención, a los jugadores que están pidiendo que se les respete su privacidad o al jefe de las selecciones, que dice que hay que aplicar orden en ese caso?

Manlio Fabio no cayó, siguió en lo mismo:

-Si verdaderamente queremos ser en México un equipo de ganadores tenemos que poner mucho orden en cada uno de los espacios. Esto es aplicable al futbol. Solamente de esa manera se puede armonizar a una sociedad o un equipo. Sólo de esa forma se pueden alcanzar los objetivos que se proponen. Sólo así llegaremos a ser ganadores y triunfadores. En buena parte este propósito, y sobre todo esta función, le toca al jefe de cada uno de ellos; en tratándose del fútbol, a quien esté al frente de la selección o quien esté vigilando al entrenador nacional; como en tratándose del país al Ejecutivo Federal y a los Poderes que le acompañan.

Tales fueron las declaraciones del Presidente del Senado sobre el escándalo futbolero. Pero que no nos extrañe que se hable del país y del futbol en un mismo nivel, a fin de cuentas el futbol es uno de los activos del gobierno. Lo vimos cuando utilizó a Aguirre, entonces entrenador de la selección nacional– para sus promocionales y lo seguimos viendo a la fecha, con la misma selección, en su periplo por el país.

Correa declara Estado de Excepción en Ecuador

El gobierno de Ecuador decretó hoy el "Estado de Excepción" durante una semana tras los hechos que las máximas autoridades del país han calificaco como un intento de golpe de Estado en contra el presidente Rafael Correa

El gobierno de Ecuador decretó hoy el "Estado de Excepción" durante una semana tras los hechos que las máximas autoridades del país han calificaco como un intento de golpe de Estado en contra el presidente Rafael Correa.

El secretarío jurídico de la Presidencia, Alexis Mena, dijo en rueda de prensa que durante el período de excepción la seguridad interna y externa del país recae en las Fuerzas Armadas.

Minutos antes Correa, calificó de "cobarde" el ataque perpetrado en su contra donde resultó con una intoxicación tras lanzarle gas lacrimógeno.

El mandatario se encuentra en estos momentos internado en un hospital de la policía, donde afirmó que "si algo me pasa, mi amor infinito por la patria y a mi familia, que la amaré en donde esté".

Tras ser llevado a un hospital de la Policía, donde es atendido por problemas respiratorios, la televisión estatal habló de intento de golpe de estado en contra del presidente.

"Quiero volver a Carondelet, pero me dicen que han cercado los alredederoes del hospital, lo cual sería un secuestro del Presidente de la República, que es sumamente grave", dijo Correa, vía telefónica, a medios de comunicación.

El mandatario ecuatoriano aseguró que recibió versiones sobre manifestantes bloqueando la salida del centro médico. "Revisan las ambulancias para ver si yo salgo". Y agragó: "Me informan que están tratando de introducirse a mi habitación estos policías en rebelión".

"No me voy a echar atrás (...) si está rodeado el hospital sería el colmo de la traición a la patria, de la traición a su presidente. Me siento traicionado. Es una gran traición a la patria".

Atacan policías a Correa

Esta mañana el presidente ecuatoriano resultó herido durante los disturbios registrados en Quito tras una manifestación de las fuerzas de seguridad y se encuentra en el hospital, según informó el diario ecuatoriano ’El Universo’.

El mandatario sufrió los daños después de que los manifestantes lanzasen bombas lacrimógenas y aparentemente habría recibido golpes con botellas.

Correa tuvo que abandonar el Regimiento número 1 de la Policía, donde había acudido para dialogar con los agentes, entre fuertes medidas de seguridad.

Alrededor de 800 oficiales se encontraban en el exterior del edificio, en el marco de una protesta para que se diese marcha atrás a la Ley de Servicio Público.

El presidente defiende esta normativa que busca homologar los sueldos de todos los funcionarios públicos restando, en algunos casos, ciertas bonificaciones que serían compensadas con un mejor salario.

Secretos del michoacanazo

Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal

Tras la liberación de todos menos uno de los 35 funcionarios y alcaldes de Michoacán, el caso paradigmático del gobierno de Felipe Calderón en contra de la narcopolítica, queda en fracaso. El procurador general Arturo Chávez sacó la cara manchada de la administración y culpó a los jueces que haber dejado libres a cuando menos 32 de ellos donde había “suficiente evidencia” de sus vínculos con La Familia Michoacana. La burla mediática ha sido tan sonora como generalizada, mientras que en el PRD vitorean que los suyos estén afuera de las rejas y el gobernador de la entidad, Leonel Godoy, exige seriedad al gobierno federal.

El ensordecedor ruido esconde, sin embargo, una pequeña historia de acuerdos políticos por encima de la ley, pactos rotos, intrigas dentro del gobierno y un choque en el gabinete de seguridad cuando se dio el golpe del llamado michoacanazo que el presidente Felipe Calderón no pudo resolver. El papel del Presidente es toral, pues sus decisiones titubeantes, falta de control dentro del gabinete y secretarios que tomaban decisiones en lugar de él, no sólo contribuyeron a magnificar la politización de la justicia sino colocaron al propio gobierno en el ridículo.

La historia del michoacanazo no comenzó el 29 de mayo de 2009, sino desde que Calderón era Presidente electo. En sus oficinas recibió al gobernador de Michoacán en ese entonces, Lázaro Cárdenas Batel, quien le pidió la ayuda que el presidente Vicente Fox, en dos ocasiones, le negó. Cárdenas Batel explicó que su gobierno estaba rebasado por el narcotráfico, que se había apoderado de territorio y que amenazaba la viabilidad institucional. Aquello, que fue el principio de la decisión para irse a la guerra contra el narcotráfico, propició que varias instituciones profundizaran sus investigaciones sobre la narcopolítica. El CISEN produjo el primer documento en junio de 2007: la protección institucional al narcotráfico se extendía a 37 de los 112 municipios michoacanos.

Leonel Godoy, que se convirtió en gobernador de Michoacán en febrero de 2008, recibió el diagnóstico de su antecesor y posteriormente las alertas del gobierno sobre varios de sus colaboradores involucrados, directa o indirectamente con el narcotráfico. Godoy no lo creyó, y en septiembre, en medio del conflicto de ruptura de La Familia Michoacana -partida para entonces en cuatro- con Los Zetas, se dio el atentado la noche del Grito en Morelia, donde hubo víctimas civiles al estallar las bombas sobre la plaza antes de llegar a su destino, el balcón donde el gobernador presidía la ceremonia.

Ocho meses después se dio el michoacanazo. En un operativo simultáneo se arrestó a los 37 funcionarios y alcaldes de Michoacán, además de que la Policía Federal detuvo a Julio César Godoy Toscano, candidato a diputado federal. Las versiones periodísticas de su arresto nunca se confirmaron, porque se dio la primera negociación política. Aunque no le anticiparon al gobernador de la operación, le dijeron que varios de sus funcionarios en estaban totalmente vinculados con el narco. Godoy habló a la Secretaría de Gobernación y comunicó que Julio César era su medio hermano y que casi no tenía relación con él. Sin embargo, acordó que si lo dejaban en libertad no levantaría la voz ni haría ningún escándalo por el resto.

La investigación sobre Godoy Toscano era muy sólida. Ex presidente municipal de Lázaro Cárdenas, principal puerto de entrada de los precursores de metanfetaminas, bajo control de la Familia Michoacana y el Cártel de Sinaloa (hoy del Pacífico), tenía una relación con Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, que era un mando tercero de La Familia. La relación entre ambos era estrecha y Godoy Toscano le decía “tío”. El expediente en la PGR en su contra incluye una grabación donde “La Tuta” le dice que no se preocupe de sus adversarios, que ya hablaron con ellos para que le dejen el camino libre hacia la diputación, que finalmente obtuvo.

En Gobernación se aceptó el trato y Godoy Toscano se volvió un prófugo de la justicia. Su medio hermano ya no sintió necesidad por respetar el acuerdo. Al mediodía denunció ante la prensa el michoacanzo. Pero al mismo tiempo buscó al entonces procurador Eduardo Medina Mora, quien lo recibió esa tarde. El gabinete de seguridad calderonista estaba partido al haber tomado partido. El secretario de Gobernación en ese entonces, Fernando Gómez Mont lo convocó a sus oficinas, y emitió un boletín de prensa informando de quiénes habían estado.

El boletín tenía una mentira. El secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, no había estado. Cuando le reclamaron desde la Presidencia porqué no había asistido a esa reunión, respondió que no podía trabajar con quienes protegían delincuentes. La crítica era directa a Medina Mora, con quien arrastraba una fuerte rivalidad dentro del gabinete. Eran los prolegómenos del conflicto en el gabinete de seguridad que nunca pudo resolver el presidente Calderón.

La plática entre Medina Mora y Godoy en el contexto del conflicto del procurador con García Luna, dio como resultado que la integración de los expedientes del michoacanazo quedara mutilada. La investigación final la había realizado la Policía Federal, y la autorización presidencial para que se procediera se dio después de ver toda la documentación, adicionalmente a testimonios de testigos protegidos, y a las grabaciones donde se escuchaba claramente a varios de los inculpados en sus tratos con miembros de La Familia Michoacana. Pero ni las grabaciones ni los documentos llegaron al juez, que determinó su liberación sobre la base de los casos sustentados en testigos protegidos.

Desde febrero pasado, cuando comenzaron las liberaciones, Gómez Mont dijo que no había sido exonerados. Al lograr la libertad todos menos uno de los inculpados, el procurador Chávez dijo que en 22 de los 32 casos, incluido el de Godoy Toscano, se puede volver a ejecutar acción penal. El gobierno federal, empero, está tocado en su credibilidad y eficiencia. Su autoridad moral está bastante maltrecha, y se va consolidando la percepción de que sus acciones están inspiradas en coyunturas político-electorales.

Si no es así, así parece. Si sus intenciones son tan prístinas como dice el discurso oficial, no se sustentan en la práctica. Al final, en la historia secreta del michoacanazo, no quedan como sabor de boca los considerandos de seguridad nacional que significa la lucha contra el narcotráfico, sino los sinsabores de la manipulación de la justicia con fines políticos, y el asombro de que ni las cosas turbias las pueden hacer bien.

Alarma sospechosa

Francisco Garfias

Eran las dos de la mañana del jueves 23 de septiembre pasado. La alarma símica comenzó a sonar en el Palacio Legislativo. Personal de Resguardo y Seguridad inició de inmediato la evacuación de las escasas oficinas que a esas horas de la madrugada aún permanecían ocupadas. Empleados y asesores elaboraban dictámenes, resoluciones, puntos de acuerdo.

En una de esas oficinas se encontraba oculto Julio César Godoy Toscano, hasta ese momento prófugo de la justicia. Era la que Alejandro Encinas, coordinador del grupo perredista, tiene en el piso conocido como basamento (sótano) El ruido de la alarma lo inquietó, pero no por el anuncio de un temblor.

El medio hermano del gobernador de Michoacán sospechaba que era una trampa. “En ese momento creímos que querían sacarlo y entregarlo”, nos dijo el diputado del PRD, José Narro Céspedes, responsable de haber introducido físicamente a Godoy al edificio de la Cámara. La alarma sonó por segunda vez a las 4 de la mañana, pero tampoco se movió. “Se quedó allí, a pesar de que dos veces la hicieron sonar”, puntualizó el zacatecano.

* * *

El episodio se registró, a pesar de que Godoy entró al Palacio Legislativo cobijado por un acuerdo de alto nivel entre el Gobierno Federal y legisladores. Varias reuniones precedieron este acuerdo que concluyó con la toma de protesta del michoacano, a pesar de que tiene orden de aprehensión por supuestos vínculos con el narcotráfico.

En esos encuentros, celebrados por separado, participaron Francisco Blake, titular de la Segob; Arturo Chávez Chávez, de la PGR, Guadalupe Acosta Naranjo, diputado del PRD y, en algunas, Jesús Zambrano, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara baja. Josefina Vázquez Mota, coordinadora del grupo panista en la Cámara Baja y aspirante a la candidatura presidencial, también estuvo presente.

“Se tuvo contacto con algunos integrantes del gobierno federal. Tratábamos que esto se diera sin afectar la tranquilidad del Congreso o la del país. Ellos (los funcionarios) mostraron, al principio, cierta reticencia, pero estaban claros que había una orden del Juez que tenían que acatar”, puntualizó Narro. Se refería, obviamente, a la decisión del polémico juez Efraín Cázeres, de restituirle a Godoy sus derechos políticos, pero sin retirar la orden de aprehensión.

¿Cuál fue la actitud de Josefina? Preguntamos. “En todo momento manifestó su disposición para dejarlo pasar. Siempre expresó tolerancia. Buscó que los costos políticos fueran los menos posibles. Aparte que se mostró dispuesta a sujetarse a un mandato de la Ley,” manifestó el perredista. La conducta de Francisco Rojas, coordinador de la bancada del PRI también fue positiva. “En la Junta de Coordinación Política dijo que si la Ley señalaba que debería tomar protesta, el PRI lo acataría”.-

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El acuerdo de alto nivel explicaría la pasividad de la policía frente al ingreso de Godoy al Palacio Legislativo. Narro lo cuenta así:

“Al mediodía del martes, Julio Cesar estaba fuera de la Cámara. Salimos por él para subirlo a la camioneta. Allí estaba la Policía. Nunca nos revisaron. En el retén final, donde esta la flecha para ingresar al estacionamiento, los guardias de resguardo revisaron con espejos la parte baja del vehículo. No hubo problema. De allí pasamos a las oficinas de Encinas en Basamento. Allí se quedó Julio Cesar hasta el jueves. Eso fue lo que sucedió”, nos dijo.

A los que acusan a los diputados de proteger un prófugo de la justicia, Narro les pide que revisen los expedientes, que los lean con cuidado, y luego saquen conclusiones. “Los que opinan de este modo, carecen de información. No es opinión calificada”, asevera.

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Gustavo Madero promete ser un “político de la calle” y no “subirse al ladrillo”, si los consejeros del PAN lo hacen sucesor de César Nava. “La soberbia es una de las grandes enfermedades que padece el PAN. Es veneno puro”, puntualiza el aspirante a jefe nacional. ¿Estaría pensando en Germán Martínez cuando habló de “subirse al ladrillo”? Es pregunta.

El senador tampoco dejó indemne a Cesar Nava, actual presidente del partido Está convencido de que uno de los retos internos del PAN es cambiar el chip de la exclusión y colocar otro en el que todos tengan cabida. “Yo ya lo traigo integrado”, aseguró.

Pondrán imágenes de miedo en tabacos

Omar Sánchez

Sólo ocho semanas, a partir de hoy, tienen las empresas tabacaleras para que todas las cajetillas de cigarro contengan las imágenes contundentes y de “miedo” que muestran el riesgo a la salud que representa el hábito de fumar.

A partir del 25 de septiembre, las empresas tendrían que estampar los retratos en el producto; sin embargo, solicitaron una prorroga para poder terminar con toda la mercancía que dijeron tenían en bodega.

Miguel Ángel Toscano, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Copefris), informó que los pictogramas incluyen un feto muerto con la leyenda “Fumando puedes matar a tu bebé”, o “fumando matas a tu familia” acompañada con una menor que llora la muerte de sus padres.

La decisión tomada por parte de Copefris, es para tratar de disminuir la cantidad de fumadores que actualmente es de 17 millones de mexicanos, los cuales representan el 15 % de la población, y fuman en promedio 7 cigarrillos al día.

“La medida es brutal para que la gente fumadora tome conciencia, pues la persona, quiera o no, va a tener que ver la cajetilla cuando compre”, dijo Miguel Ángel.

En países como Perú, esta medida se utiliza actualmente, mostrando imágenes con las lesiones que produce el cigarrillo.

En una por ejemplo, muestra una radiografía de pulmones con colillas de cigarro y la frase “fumar produce cáncer de pulmón”. Mientras que en otra, las cajetillas aparecen con una persona mostrando su boca afectada por el cáncer.

Es pura fobia de Calderón

Martha Anaya / Crónica de Política

Manuel Espino está listo para pelear; se ha pintado el rostro y toca los tambores de guerra para echar abajo la intención de expulsarlo del partido que dirigió –Acción Nacional– por pura “fobia” de Felipe Calderón.

Se sienta a la mesa con los periodistas. Pone a un lado el “mamotreto” de expediente que le enviaron –el cual ya engargoló en dos gruesos tomos–. Se le nota tenso. Refiere que ya habló con sus hijos, que guarda con gran cariño la bandera de Acción Nacional, otra más que le obsequiaron hace más de 30 años, pero la única bandera que no tiene “es la de la paz”.

Así comienza el ex líder blanquiazul la conferencia de prensa. Deja ver bordados en su camisa blanca, de un lado, el logotipo de su movimiento “Volver a empezar”; y del otro, sobre el corazón, su propio nombre: Manuel Espino.

“¡A mí no me acusan, como a otros panistas y algunos de ellos destacados militantes del partido del Estado de México, de corrupción, ni de fraude, ni de venderme a un Gobernador…Me acusan de declaraciones en las que exijo congruencia, en las que defiendo los principios de mi partido!”, alega con rabia.

Advierte que usará todos los recursos políticos y jurídicos para defenderse para evitar su expulsión del blanquiazul; que pedirá careos con todos aquellos que lo señalan de dañar al partido, que si eso no es suficiente en la Comisión de Orden del Comité estatal de Sonora –donde se llevará a cabo el procedimiento–, alegará otro tanto en el Comité Ejecutivo; y si aún así deciden su expulsión, acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Cree que ganará, descalifica a sus adversarios. Lo dice de muy diversos modos: “Se lo que es el forcejeo político y no les veo espolones de jinete a mis detractores”, “No me voy a rendir”, “No tengo, como otros, cola que me pisen”, “no me allanaré al silencio del autoritarismo”, “no vamos a permitir que Acción Nacional se descarrile por el capricho de unos cuantos que tienen credencial”, “me voy a quedar a cuidar la casa”.

Manuel Espino Barrientos narra la secuencia de su “persecución”, cuyo origen sitúa en 2006, cuando “colaboradores de Calderón me inventaron una campaña negra”, hasta la demora del inicio de su proceso de expulsión con intención, según dice, de dañarlo moralmente.

Entra en detalles: Jamás se me abrió la puerta al diálogo, me sacaron tarjeta roja pero nunca amarilla; me acusan de mentiroso y los mentirosos son ellos, yo sí tengo manera de demostrarlo:

“Recuerdo cómo el presidente nacional (César Nava) fue sometido a una serie de preguntas por diversos medios de comunicación, se le preguntaba si había firmado un acuerdo en secreto con el PRI para favorecer al PRI de Peña Nieto y lo negó muchas veces; y luego se le demostró que sí había cometido ese acto de traición al partido, de espaldas al partido y a espaldas del comité nacional, y no tenía facultades estatutarias para tomar una decisión de esa envergadura y menos una decisión que comprometía a AN en el Edomex”.

Tira coces aquí y allá, pero tiene bien claro de dónde procede toda esta historia para expulsarlo del PAN: “de Los Pinos, de la fobia de Calderón”. Incluso invita al Presidente de la República “a revisar su actitud porque no puede imponer al partido sus fobias”.

Concretamente se le acusa de dañar al partido, de atacarlo, de dividirlo, de llevarlo a derrotas, de indisciplina; de convocar a votar en contra de los candidatos de Acción Nacional.

Espino levanta el “mamotreto” que reúne las “pruebas” en su contra y declara: “Yo no puedo responder por la incompetencia del partido”

Yo me siento muy tranquilo, dice, no se me acusa de corrupción, ni de fraude, ni de venderme a un gobierno…,”si me acusan de exigir congruencia, tienen razón”.

Se da incluso el lujo de burlarse y de calificar como “errores bobos” algunos procedimientos –“nunca había visto una dirigencia tan incompetente”—como el hecho de que, aún sin credencial del PAN, podría participar en las reuniones del CEN como ex dirigente del partido, puesto que el reglamento no dice que tenga que ser militante.

En fin, Espino arranca su defensa. Reitera que ganará, sólo que para él “ganar” no significa exactamente que evitará su expulsión de Acción Nacional, sino demostrar que la razón está de su lado y exhibir a los demás.

Futbolistas, privacidad y escándalo

Raúl Trejo Delarbre

Mal escrita y un tanto atropellada, la carta de los 13 jugadores que se han inconformado ante las sanciones de la Federación Mexicana de Futbol constituye una expresión de libertad y, si pensamos en sus implicaciones últimas, de dignidad incluso no solo delante de los apoltronados directivos de ese deporte sino también ante los medios de comunicación.

Ávidos de escándalo, algunos de los medios impresos y electrónicos que se ocupan de asuntos deportivos expusieron y condenaron la fiesta que organizaron varios de los seleccionados después del aburrido encuentro con el equipo de Colombia, el martes 7 de septiembre en Monterrey. Algunas fotografías tomadas en la recepción del hotel en donde se alojaban los jugadores, distintas versiones recogidas por la prensa y sobre todo el afán sensacionalista para hacer ostensibles detalles de una celebración que era estrictamente privada, suscitaron el escarnio contra los futbolistas.

De no haber sido por la algarabía en los medios, es posible que la Federación de Futbol no hubiera impuesto sanción alguna. Pero amedrentados por el juicio sumario de buena parte de la prensa, los directivos de ese deporte impusieron sanciones aparentemente muy duras en algunos casos –la suspensión de Carlos Vela y Efraín Juárez por seis meses, en el transcurso de los cuales habrá pocos partidos de la selección nacional– y 50 mil pesos de multa a cada uno de otros once jugadores a quienes se consideró excesivamente juerguistas.

El director de selecciones nacionales, Néstor de la Torre, alegó que los así sancionados habían transgredido el reglamento que los obliga a mantener disciplina durante las concentraciones del equipo mexicano. Los castigados sostienen que la concentración ya había terminado. En todo caso, como suele ocurrir en las decisiones de la FMF, se trató de una medida unilateral respecto de la que los castigados no tenían oportunidad ni siquiera de opinar.

Por eso ha sido llamativa la carta promovida por Rafael Márquez y suscrita además por otros 12 jugadores en la cual se quejan de “exposición presuntuosa, de acaparamiento de reflectores y de un claro deshago de complejo de inseguridad personal, con incapacidad clara de liderazgo, utilizando para subsanar éste, el terrorismo y las amenazas”. Más que las multas, a los jugadores les incomoda la indebida exhibición que se hizo en los medios del festejo del 7 de septiembre y el silencio de la FMF ante esa transgresión a su privacía.

Aunque tienen derecho a ella, la privacía de los jugadores de futbol y de muchos otros personajes públicos suele ser vulnerada por los medios que buscan estrépito por encima de información sólida. En el caso de la fiesta en Monterrey, se les ha endosado una catarata de amonestaciones moralistas y autoritarias.

Los opinadores que se escandalizan porque se fueron de pachanga después del partido, olvidan que esos futbolistas son mayores de edad y ya no se encontraban en horarios de trabajo. Lo que hagan o dejen de hacer en sus ratos libres es asunto suyo. Lamentablemente, al pasmo o al intento de la FMF para aprovechar este incidente y ajustar cuentas con algunos jugadores que les resultan incómodos, se ha añadido una actitud persecutoria que llega incluso a la publicación de detalles, presuntos o reales, de la fiesta del día 7. Una de las revistas de espectáculos que con más impunidad lucra exhibiendo personajes públicos entrevistó a un travesti que dijo haber participado en la celebración.

El acoso contra los futbolistas, extrañamente, ha encontrado respaldo entre algunos de los comentaristas deportivos más relevantes. La carta de los 13 inconformes fue considerada por Víctor Edú, del diario Récord, como “golpecito de estado”. En La Afición Carlos Albert, articulista habitualmente crítico con los directivos del futbol, en esta ocasión los favorece al descalificar el esfuerzo argumental y político de Márquez y sus compañeros: “Me da pena ajena esa desvergonzada carta en la que enseñan el cobre esos 13 chantajistas profesionales”. Por su parte José Ramón Fernández, muy respetado y puntilloso, aprovecha el incidente para vilipendiar en Radio Fórmula: “Rafael Márquez, lo que tienes que hacer urgentemente es no vestir más la playera de la Selección, renuncia y hasta luego ”.

No es esa la opinión de los aficionados, a juzgar por las réplicas que esas posturas están encontrando en los espacios de discusión en línea. Por otra parte en una encuesta de la especialista María de las Heras hace una semana, el 62% de los entrevistados consideró que la Federación Mexicana de Futbol no tiene derecho a meterse en la vida privada de los jugadores. El 80%, explica De las Heras, consideró que “la reacción de la federación obedece a la presión del escándalo que se hizo en medios de comunicación con el asunto de las muchachas que entraron a visitar a los jugadores”.

Estamos ante un tema en donde la opinión pública –en este caso el parecer de los aficionados– discrepa de la opinión publicada.

El escarnio que se hace de los futbolistas, propició la carta de los 13 inconformes. Márquez y sus compañeros no querían que ese documento fuera público, así que su divulgación también forma parte de la utilización de los medios para influir en decisiones de la Federación de Futbol. El documento subraya la inconformidad de esos jugadores con el director de selecciones nacionales pero también manifiesta una exigencia elemental: no se vale que a los jugadores los traten como menores de edad y eso cuenta tanto en su derecho a la disipación como, también, respecto de sus derechos laborales. No hay que olvidar los intentos, en su momento fallidos pero enormemente significativos, que los futbolistas mexicanos han desarrollado en otros tiempos para construir una organización capaz de reivindicar sus intereses laborales.

http://sociedad.wordpress.com

Futbolistas, privacía y escándalo

Mal escrita y un tanto atropellada, la carta de los 13 jugadores que se han inconformado ante las sanciones de la Federación Mexicana de Futbol constituye una expresión de libertad y, si pensamos en sus implicaciones últimas, de dignidad incluso no solo delante de los apoltronados directivos de ese deporte sino también ante los medios de comunicación.

Ávidos de escándalo, algunos de los medios impresos y electrónicos que se ocupan de asuntos deportivos expusieron y condenaron la fiesta que organizaron varios de los seleccionados después del aburrido encuentro con el equipo de Colombia, el martes 7 de septiembre en Monterrey. Algunas fotografías tomadas en la recepción del hotel en donde se alojaban los jugadores, distintas versiones recogidas por la prensa y sobre todo el afán sensacionalista para hacer ostensibles detalles de una celebración que era estrictamente privada, suscitaron el escarnio contra los futbolistas.

De no haber sido por la algarabía en los medios, es posible que la Federación de Futbol no hubiera impuesto sanción alguna. Pero amedrentados por el juicio sumario de buena parte de la prensa, los directivos de ese deporte impusieron sanciones aparentemente muy duras en algunos casos –la suspensión de Carlos Vela y Efraín Juárez por seis meses, en el transcurso de los cuales habrá pocos partidos de la selección nacional– y 50 mil pesos de multa a cada uno de otros once jugadores a quienes se consideró excesivamente juerguistas.

El director de selecciones nacionales, Néstor de la Torre, alegó que los así sancionados habían transgredido el reglamento que los obliga a mantener disciplina durante las concentraciones del equipo mexicano. Los castigados sostienen que la concentración ya había terminado. En todo caso, como suele ocurrir en las decisiones de la FMF, se trató de una medida unilateral respecto de la que los castigados no tenían oportunidad ni siquiera de opinar.

Por eso ha sido llamativa la carta promovida por Rafael Márquez y suscrita además por otros 12 jugadores en la cual se quejan de “exposición presuntuosa, de acaparamiento de reflectores y de un claro deshago de complejo de inseguridad personal, con incapacidad clara de liderazgo, utilizando para subsanar éste, el terrorismo y las amenazas”. Más que las multas, a los jugadores les incomoda la indebida exhibición que se hizo en los medios del festejo del 7 de septiembre y el silencio de la FMF ante esa transgresión a su privacía.

Aunque tienen derecho a ella, la privacía de los jugadores de futbol y de muchos otros personajes públicos suele ser vulnerada por los medios que buscan estrépito por encima de información sólida. En el caso de la fiesta en Monterrey, se les ha endosado una catarata de amonestaciones moralistas y autoritarias.

Los opinadores que se escandalizan porque se fueron de pachanga después del partido, olvidan que esos futbolistas son mayores de edad y ya no se encontraban en horarios de trabajo. Lo que hagan o dejen de hacer en sus ratos libres es asunto suyo. Lamentablemente, al pasmo o al intento de la FMF para aprovechar este incidente y ajustar cuentas con algunos jugadores que les resultan incómodos, se ha añadido una actitud persecutoria que llega incluso a la publicación de detalles, presuntos o reales, de la fiesta del día 7. Una de las revistas de espectáculos que con más impunidad lucra exhibiendo personajes públicos entrevistó a un travesti que dijo haber participado en la celebración.

El acoso contra los futbolistas, extrañamente, ha encontrado respaldo entre algunos de los comentaristas deportivos más relevantes. La carta de los 13 inconformes fue considerada por Víctor Edú, del diario Récord, como “golpecito de estado”. En La Afición Carlos Albert, articulista habitualmente crítico con los directivos del futbol, en esta ocasión los favorece al descalificar el esfuerzo argumental y político de Márquez y sus compañeros: “Me da pena ajena esa desvergonzada carta en la que enseñan el cobre esos 13 chantajistas profesionales”. Por su parte José Ramón Fernández, muy respetado y puntilloso, aprovecha el incidente para vilipendiar en Radio Fórmula: “Rafael Márquez, lo que tienes que hacer urgentemente es no vestir más la playera de la Selección, renuncia y hasta luego ”.

No es esa la opinión de los aficionados, a juzgar por las réplicas que esas posturas están encontrando en los espacios de discusión en línea. Por otra parte en una encuesta de la especialista María de las Heras hace una semana, el 62% de los entrevistados consideró que la Federación Mexicana de Futbol no tiene derecho a meterse en la vida privada de los jugadores. El 80%, explica De las Heras, consideró que “la reacción de la federación obedece a la presión del escándalo que se hizo en medios de comunicación con el asunto de las muchachas que entraron a visitar a los jugadores”.

Estamos ante un tema en donde la opinión pública –en este caso el parecer de los aficionados– discrepa de la opinión publicada.

El escarnio que se hace de los futbolistas, propició la carta de los 13 inconformes. Márquez y sus compañeros no querían que ese documento fuera público, así que su divulgación también forma parte de la utilización de los medios para influir en decisiones de la Federación de Futbol. El documento subraya la inconformidad de esos jugadores con el director de selecciones nacionales pero también manifiesta una exigencia elemental: no se vale que a los jugadores los traten como menores de edad y eso cuenta tanto en su derecho a la disipación como, también, respecto de sus derechos laborales. No hay que olvidar los intentos, en su momento fallidos pero enormemente significativos, que los futbolistas mexicanos han desarrollado en otros tiempos para construir una organización capaz de reivindicar sus intereses laborales.

Secuestro, narcomenudeo y trata de personas, asolan el centro del país: PGR

El procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, reconoció hoy que falta mucho por hacer para acabar con el crimen organizado.

De paso por el estado de Puebla, donde inauguró la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia de la zona centro, el funcionario federal afirmó que en entidades como Puebla, Hidalgo, Guerrero y el Distrito Federal, el secuestro, el narcomenudeo y la trata de personas se han convertido en los principales alteradores de la tranquilidad y violación de los derechos de la ciudadanía.

Por ello, demandó el diseño de estrategias de seguridad y el trabajo coordinado “para emprender acciones que si bien prevengan este tipo de delitos, estén enfocadas a la atención de las víctimas".

Y agregó: "Estamos obligados, por tanto, a seguir trabajando con mayor decisión y compromiso en el cumplimiento de los objetivos trazados a través de la implementación de estrategias que hemos trazado".

El funcionario federal destacó la necesidad de aumentar las sanciones, pues servirán como estrategia a nivel nacional para combatir el delito del secuestro, "que tanto daño le ha hecho a la sociedad", dijo.

Sobre el narcomenudeo, recordó que ya es un delito que se ataca entre autoridades federales y estatales, por tanto, añadió, ahora se busca una homologación de las penas en los estados.

Asimismo, pidió atender el delito de trata de personas que atenta contra la libertad y dignidad de las personas, “delito que no es exclusivo de las grades ciudades”, apuntó, pues se presenta en todos los lugares donde hay desigualdad y donde priva el abuso de poder e indiferencia social.

Al acto de este viernes asistió el gobernador poblano, Mario Marín Torres, quien destacó el trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno, ya que la delincuencia organizada, dijo, no reconoce límites jurisdiccionales.

También acudieron a la reunión los procuradores del Distrito Federal, Guerrero, Baja California Sur, Baja California, Estado de México, Tlaxcala, Morelos y Oaxaca.

Comando ataca estación de policía en Juárez; un muerto

Un comando atacó esta madrugada la estación Delicais de la policía de Ciudad Juárez, con saldo de un agente muerto y dos más heridos.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de 20 sicarios repartidos en ocho vehículos dispararon por cinco minutos contra la estación policiaca, ubicada en el centro de este municipio fronterizo con El Paso, Texas.

Cuando huían, uniformados iniciaron la persecusión y en el tiroteo fueron heridos los tres policías que fueron trasladados a un hospital, en donde pereció uno de ellos, sin que hasta el momento haya sido identificado.

Los hechos ocurrieron a la 1 de la madrugada en el edificio ubicado en la Avenida 16 de septiembre y Oro.

En Ciudad Juárez permanecen desplegados más de 6 mil militares para apoyar a la policía federal y local frente al crimen organizado.

Levantan a 20 michoacanos en Acapulco

Al menos 20 personas procedentes de Michoacán, entre ellos un empresario llantero, fueron levantados por un comando en el puerto de Acapulco.

De acuerdo con los reportes oficiales, los hechos ocurrieron la tarde de ayer jueves (pero hasta hoy se difundieron) en la glorieta de la colonia Costa Azul, que se encuentra entre las calles Oracio Nelson y Fernando Magallanes -a unos metros de la avenida costera Miguel Alemán- donde un grupo de sujetos armados que se desplazaban a bordo de varias camionetas interceptaron a los michoacanos que viajaban en tres unidades, señala un reporte de la Procuraduría General de Justicia en la entidad.

Posterior al levantón, un grupo de personas acudieron a la agencia del ministerio público del fuero común de Costa Azul y denunciaron que entre los plagiados se encuentra Antonio Ortiz Chávez, un empresario dedicado al sector llantero originario de Michoacán. Por su parte el agente del ministerio público en lugar de integrar una averiguación previa como marca la ley, se limitó a registrar la denuncia como un acta ministerial: 246/ 2010.

En diversos medios locales de este viernes se difundió que el jueves se regitró un impresionante despliegue de soldados y marinos en esta zona residencial del destino turístico, sin que se informaran las causas de la movilización de las fuerzas armadas, hasta hoy que oficialmente se reportó la retención de la veintena de michoacanos.

En las últimas dos semanas se ha intensificado la batalla que libran operadores de Héctor Beltrán Leyva El H y Edgar Valdez Villarreal La Barbie por la plaza de Aacapulco, convirtiendo a este estratégico punto turístico en tierra de nadie ante la displicencia de las autoridades que sólo se han dedicado a recoger cadáveres y ocultar información.